Un aspecto crucial en este proceso es el plazo máximo legal para que un acreedor pueda iniciar una acción de recuperación de crédito contra un deudor. Este plazo está estipulado por el Código Civil Portugués y tiene una importancia significativa en el contexto de las relaciones comerciales y contractuales.

Según el Código Civil Portugués, el plazo máximo para que un acreedor inicie una acción de recuperación de crédito es de 20 años. Esto significa que, una vez que el crédito se vuelva exigible (es decir, cuando el pago es debido y no se realiza), el acreedor tiene hasta 20 años para tomar medidas legales para recuperar el monto adeudado.

Este plazo está establecido por el artículo 309 del Código Civil Portugués, que declara que 'las deudas líquidas y exigibles prescriben en el plazo de veinte años'. Esta disposición legal proporciona una base clara para los acreedores en Portugal, permitiéndoles la recuperación de sus créditos dentro de un período de tiempo específico.

Es importante notar que este plazo es bastante extenso y ofrece a los acreedores una ventana significativa de oportunidad para buscar la recuperación de créditos pendientes. Sin embargo, también es crucial que los deudores estén al tanto de este plazo y de sus obligaciones financieras, a fin de evitar posibles consecuencias legales en el futuro.