Tavares Castilho, Rodrigues e Associados – Sociedade de Advogados SP RL, que opera bajo el nombre comercial de Castilho International Legal Corporation, es un despacho de abogados que proporciona asesoramiento y asistencia legal a sus clientes. Está regulado por la Ordem dos Advogados. Los datos personales que Castilho International Legal Corporation procesa para prestar estos servicios se refieren a sus clientes y a otras personas según sea necesario, incluyendo el personal y el personal de los proveedores.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, ocasionalmente ocurren violaciones inadvertidas de las directrices. Cuando surgen desviaciones de las directrices, procuramos poner la cuenta del cliente nuevamente en conformidad lo más rápido posible. Si el incidente de desviación se considera un error, seguiremos los procedimientos de escalamiento y corrección delineados en nuestra Política de Resolución y Reporte de Errores. Siempre que tomamos conocimiento de un posible error (ya sea por nosotros o por nuestro cliente), realizaremos una investigación minuciosa. Cuando un error de directrices de nuestra parte genere una pérdida para nuestro cliente, haremos que la cuenta del cliente sea completamente resarcida e informaremos al cliente de inmediato. Observamos que algunos de nuestros clientes han incorporado expresamente en sus protocolos de IMA las normas de plazo para ser notificados de cualquier violación, así como las orientaciones para manejar la violación.
Es política del Consejo Consultivo registrar todos los incidentes que involucren las cuentas de los clientes de gestión de activos y corregir cualquier error que afecte esas cuentas de manera justa, oportuna y razonable. Al corregir un error, nuestro objetivo es siempre tomar medidas adecuadas, consistentes con nuestro deber fiduciario de cuidado, para poner a nuestro cliente en la misma o sustancialmente la misma posición en la que estaría si no hubiéramos cometido el error. En algunos casos, eso no es posible ni práctico. Sin embargo, si nuestro cliente ha incurrido en una pérdida atribuible a las acciones del Consejo Consultivo, esa pérdida será completamente reembolsable.
De acuerdo con la Ley Portuguesa número 83/2017, los despachos de abogados están obligados a comunicar a las autoridades cualquier sospecha de blanqueo de capitales y se prohíbe a los abogados revelar al cliente información, documentos, investigaciones o indagaciones relacionadas con esos delitos. Estos profesionales también deben cumplir con el deber de comunicación al Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) y a la Unidad de Información Financiera de la Policía Judicial con la información de la que dispongan.
Esta política fue actualizada por última vez el 31 de agosto de 2024 y será monitoreada y revisada regularmente, al menos cada dos años.